Guerra Fría en el Atlántico Sur: Un petrolero británico en Ushuaia tensionó el conflicto

El petrolero VS Promise llegó a Ushuaia después de operar en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, donde cargó crudo de la Cuenca Marina Austral. Es un buque, de 228,6 metros de eslora y capacidad para más de medio millón de barriles y está registrado bajo bandera de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica. Como un dato anecdótico o de color, el actual Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es en este lugar donde tiene declarada la mayor parte de su patrimonio en dólares.

La Ley Provincial 852, sancionada por unanimidad en Tierra del Fuego en 2011, comienza por reafirmar los "imprescriptibles derechos" argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En su artículo 2, establece la prohibición de la "permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística" en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia "que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina".

Desde el Gobierno nacional se excusaron de que el VS Promise no encaja en la prohibición porque venía de operar en Río Cullen, dentro de la Cuenca Marina Austral, y no en la Cuenca de Malvinas. En tal sentido, el buque había prestado servicios a un consorcio internacional dedicado a la explotación de una cuenca que se encuentra bajo la soberanía efectiva de la Argentina. Es decir, se trata de una explotación que fue adjudicada por las propias autoridades argentinas y regida por las leyes argentinas a manos de empresas transnacionales que constituyen el Consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CM1-1). El mismo es integrado por la francesa Total Energies (37,5%), la británica Harbour Energy (37,5%) y la argentina Pan American Energy (25%). Como si fuera un oxímoron en sí mismo, se trata de una explotación que fue adjudicada por las autoridades argentinas y regida por las leyes argentinas; incluso la propia Provincia de TDF había intervenido previamente en la operación. Si bien esto hace que técnicamente no se aplique la Ley Gaucho Rivero contra este buque británico, el hecho concreto obliga a una revisión que no debe pasar desapercibida. Porque como decía Arturo Jauretche “si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.

Esta Ley a la que adhieren varias provincias no fue pensada como un adorno administrativo para decorar el Boletín Oficial. Fue sancionada en 2011 en plena disputa por los recursos del Atlántico Sur, cuando la exploración petrolera británica alrededor de las Islas Malvinas ya constituía un problema concreto. El propio Estado argentino documenta que el Reino Unido comenzó a promover desde mediados de los años 90 actividades de exploración hidrocarburífera en áreas marítimas sujetas a la disputa. Argentina terminó dando por terminado en 2007 un entendimiento bilateral provisorio de cooperación petrolera que regía, por las actividades unilaterales británicas en la zona.

Hoy el asunto vuelve con otra escala y nos lleva al análisis del área circundante. El proyecto Sea Lion, bajo del fondo marino ubicado al norte de las Islas Malvinas, avanza hacia la explotación de petróleo y se estiman reservas superiores a 300 millones de barriles. Hay infraestructura portuaria en desarrollo y financiamiento para poner en marcha la producción. Entre las principales empresas vinculadas están la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Entonces, mientras se discute quién tiene razón en la letra chica de una escala portuaria que duró un poco más de 24 hs en el puerto intervenido de Ushuaia, del otro lado del Atlántico Sur pero no muy distante, hay un desarrollo de plataformas, barcos, licencias otorgadas ilegalmente y millones de barriles esperando ser extraídos.

Por eso la Ley Gaucho Rivero tiene una importancia que excede el derecho administrativo; es una herramienta simbólica y práctica de resistencia. Significa que el Estado argentino —nacional o provincial— puede establecer límites concretos a la normalización cotidiana de una situación colonial que Argentina reclama desde hace casi dos siglos.

ECHANDO UN VISTAZO POR LA REGIÓN

En 2011 Brasil impidió el amarre en Río de Janeiro del HMS Clyde, un buque militar británico que provenía de Las Malvinas. Uruguay anunció que no permitiría el ingreso de buques con bandera de las islas y Perú rechazó en 2012 el ingreso de una fragata británica al puerto de El Callao. En 2012, además, los países del Mercosur y asociados acordaron impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que utilizaran la bandera ilegal de las Islas Malvinas; en tanto que Chile también acompañó esa decisión. 

No eran copias literales de la ley fueguina, pero sí antecedentes regionales de una misma política: no naturalizar en los puertos sudamericanos la presencia (pirata) de la bandera de una potencia que ocupa ilegalmente un territorio cuya soberanía está en disputa.

MALVINAS EN EL NACIMIENTO DE LA PATRIA

Después de la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas continuaron ejerciendo jurisdicción sobre territorios que habían pertenecido a España. Y hay una secuencia de actos concretos. En 1816, apenas declarada la Independencia, el mismísimo José de San Martín escribió desde Mendoza al ministro de Guerra, Luis Beruti, solicitando incorporar a los detenidos en los apostaderos y presidios de Patagones y las Islas Malvinas para que fueran enviados a formar parte del Ejército de los Andes. Este hecho constituye un documento en sí que establece un mojón simbólico: para el gobierno revolucionario y para San Martín, las Malvinas formaban parte del espacio bajo autoridad de las Provincias Unidas. 

En tanto que en 1820, David Jewett, un marino de origen estadounidense nacionalizado argentino, llegó a Puerto Soledad comandando la fragata ‘Heroína’ y en nombre del Gobierno de las Provincias Unidas, izó la bandera argentina ante tripulaciones de distintas nacionalidades. Hubo proclama de soberanía, se dispararon 21 cañonazos y comunicación formal a los barcos presentes.

En 1829, Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos y designó a Luis Vernet como comandante. Se elaboró una legislación sobre pesca, concesiones de tierras, se instaló una población estable y una administración efectiva. Hasta que en enero de 1833 llegó la HMS Clio concretándose a partir de ese momento la usurpación británica mediante el uso de la fuerza. La protesta argentina comenzó inmediatamente después y continúa hasta nuestros días.

UN MAPA EMPETROLADO

La cuestión Malvinas es compleja por varias aristas: en la zona hay petróleo, gas, es un espacio muy importante para la pesca y es clave su ubicación geográfica en materia de rutas marítimas navegables en el Atlántico Sur. 

Después del conflicto armado de 1982, Gran Bretaña se instaló allí como potencia militar, manteniendo una base estratégica en las islas ocupadas mientras avanzan sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía, la comunidad internacional reconoce como ‘materia de disputa’.

La ONU incluyó a las Malvinas en la lista de Territorios No Autónomos desde 1946. Y casi 20 años después, en 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065: reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y encuadró el caso dentro del proceso de descolonización vinculado a la Resolución 1514. Además, pidió a ambos gobiernos negociar una solución pacífica. Fue aprobada por 94 votos, sin voluntades en contra; con la abstención del Reino Unido. 

EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE EL BARCO

Desde enero del 2026, el Puerto de Ushuaia está intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La Nación justificó la medida por irregularidades financieras, problemas de infraestructura y riesgos operativos, y también destacó el carácter estratégico del puerto para la actividad antártica. Se encuentra a unos mil kilómetros aproximadamente del Continente Blanco y representa una escala previa absolutamente estratégica en términos logísticos. 

Si Ushuaia es suficientemente importante para que el Estado nacional intervenga la administración de su puerto, como lo hizo con la Prefectura a principios de año, también debería ser suficientemente estratega y ‘cuidarse un poco’ para no caer en el absurdo, por más que el buque británico haya estado trabajando en un espacio de concesión otorgado por nuestro país. Son temas sensibles a la piel social y para el oficialismo no debiera alcanzar con decir después que "la ley no se violó". A veces un Estado, por jugar al filo de una norma, al mismo tiempo pierde capital político. La discusión jurídica puede terminar en un expediente o cayendo en el saco roto de un pedido de informes, pero la señal política queda flotando en el inconsciente colectivo.

Porque el VS Promise no es un crucero lleno de turistas, es un petrolero que viene de operar en una terminal de hidrocarburos. Transporta un recurso estratégico, lleva bandera británica y amarra en la capital de una provincia cuyo territorio constitucional incluye a las Islas Malvinas. La Ley Gaucho Rivero es, en ese sentido, una respuesta concreta a una pregunta compleja: ¿qué puede hacer un país que no resigna su soberanía y mantiene una llama de resistencia activa en distintas trincheras de una Guerra Fría en el Atlántico Sur por la disputa territorial y de sus recursos? 

Marcar límites, dictar leyes, no facilitarle la logística al enemigo, no naturalizar sus movimientos, mantener fresco el recuerdo y los conceptos históricos para nosotros, para la posteridad y para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino; son respuestas que se adecúan a una realidad que necesita ser defendida y bien plantada para negociar sin arrodillarse.

UN TRAPO QUE DIGA “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Hace pocas semanas, después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra en la semifinal del Mundial de fútbol, durante los festejos dentro del campo de juego varios jugadores de la Scaloneta levantaron una bandera que decía: "Las Malvinas son argentinas". No se trató de una orden de Cancillería ni un comunicado oficial de presidencia; fue simplemente fútbol atravesado por los años de regar una causa que representa la identidad nacional de un pueblo y que fue producto de una verdadera espontaneidad criolla. La sábana de un hotel escrita a mano con pintura, se transformó en un símbolo; una escena que recorrió el mundo entero y molestó bastante en Londres, a pesar de que la transmisión oficial de la TV procuró no mostrarla. Enseguida, las imágenes se viralizaron en los torrentes digitales de comunicación y fue noticia en todas partes del planeta. La AFA incluso fue sancionada por la FIFA, entre otras razones, por la exhibición de esa bandera con ‘contenido político’, algo prohibido en sus eventos internacionales.

Un estudio de opinión pública realizado por la consultora Julio Aurelio–Aresco hecha a mediados de julio de este año arrojó que el 81,4% de la población argentina respalda la continuidad del reclamo por el archipiélago usurpado. No importa quién gobierne, si uno votó a Milei, a otro, a ninguno o si detesta la política. La llama de las Malvinas permanece encendida y constituye una fibra sensible para toda la población.

NO HACE FALTA GRITAR AL ESTILO DE MILEI

La soberanía no se defiende solamente con discursos encendidos, también se defiende con expedientes, leyes, diplomacia, puertos, desarrollos de investigación científica, presencia naval y militar, producción, estrategias de población y toma de decisiones. Y también con algo sencillo: no hacer de cuenta que no pasa nada. El VS Promise estuvo 24 horas y ya se fue. Tal vez la noticia vaya a desaparecer de los portales pero el petróleo de la región seguirá debajo del mar.

La Ley Gaucho Rivero no debería ser una herramienta simbólica solamente para demagogia de funcionarios de cualquier signo (sea el Movimiento Evita, Quebracho o cualquiera) que busquen una foto patriótica. Es una decisión política tomada por una provincia argentina y otras adherentes para decir que la ocupación británica no puede transformarse en algo cotidiano. Porque una cosa es perder una batalla pero otra bastante más peligrosa, es acostumbrarse a perder el sentido del territorio.

Las Malvinas son argentinas. Por lo tanto, mientras tengamos argumentos históricos sólidos y exista una disputa de soberanía reconocida internacionalmente, cada puerto, cada barco, cada barril y cada decisión sobre el Atlántico Sur también forman parte de la historia en esta Guerra Fría que deberíamos conocer en detalle. El General Perón señalaba con frecuencia que la política no se aprende de memoria, sino que se comprende a través de la realidad y de la historia, porque lo que no se conoce, no se defiende.